Inicia regulación de clubes cannabicos desde el Parlamento de Cataluña
Los diputados se han fijado ahora un plazo de cuatro meses para elaborar el documento definitivo que el gobierno catalán convertirá en la futura ley. El texto es un documento de mínimos porque no entra a discutir ni el cultivo de cannabis ni el transporte de la marihuana, dos actividades que concentran las causas judiciales pendientes.
Todos los grupos parlamentarios a excepción del popular han dado el visto bueno a la moción defendida por ERC que pone las bases para regular las asociaciones cannábicas catalanas. Una vez aprobada la hoja de ruta, los diputados se han fijado ahora un plazo de cuatro meses para elaborar el documento definitivo que el gobierno catalán convertirá en la futura ley que regulará la actividad de estos clubs de consumo de marihuana, actualmente en un limbo administrativo y objeto de persecución policial.
La resolución insta a la Consejería de Salud a establecer las condiciones necesarias para que las asociaciones puedan desarrollar su actividad legalmente desde una perspectiva de salud pública, tal y como reclamaban las entidades federadas. Entre los puntos propuestos, el texto apuesta por la creación de un registro específico de asociaciones –ahora inexistente-, que la edad mínima para hacerse socio se fije en los 18 años y que se haga pedagogía entre los asociados para reducir los riesgos y los daños vinculados al consumo de cannabis.
La moción también reclama que los centros no oferten otros servicios como tabaco y bebidas alcohólicas, que solamente se pueda ser socio de un club y que los nuevos miembros no puedan empezar a consumir marihuana hasta pasados quince días para acabar con el turismo de porro que ha situado Barcelona en el primer lugar del top-ten del circuito mundial del cannabis. Pasados seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el gobierno catalán tendrá que presentar en el Parlament una valoración sobre su cumplimiento.
A pesar de que la federación CatFAC ha celebrado la aprobación del documento al considerarlo “un paso más en la lucha por defender a las personas usuarias del cannabis y una mirada al futuro de una nueva ciudadanía responsable, comprometida, que vela por los derechos y las necesidades de todas y todos”, la realidad es que el texto es un documento de mínimos porque no entra a discutir ni el cultivo ni el transporte de la marihuana, dos actividades que actualmente concentran la práctica totalidad de causas judiciales pendientes.
Fuente de El Diario El Parlamento catalán da luz verde a la regulación de las asociaciones cannábicas
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